La
interdicción: ¿es constitucional en México?
Ernesto Cera Tecla
Introducción
En México, la declaración de interdicción convierte a
las personas con discapacidad en altamente vulnerables: las despoja, en muchas
ocasiones, de su derecho a actuar en sociedad y de tomar las decisiones más
importantes de su vida personal y material. En consecuencia, resulta
fundamental conocer los alcances y límites del procedimiento del Juicio de
interdicción a través de las siguientes preguntas: ¿cómo se determina
actualmente la incapacidad de un mayor de edad? ¿El procedimiento previsto se
sujeta a las garantías de debido proceso más elementales? ¿El procedimiento
previsto para declarar interdicto a una persona es constitucional o violatorio
de derechos humanos?
Conceptos
fundamentales
Persona:
es el sujeto de derechos y obligaciones, o bien, el sujeto capaz de ejercer
derechos y de cumplir obligaciones.[1]
Los atributos de la persona es el conjunto de caracteres inherentes a su
personalidad: nombre, domicilio, patrimonio, CAPACIDAD, entre otros.
Capacidad:
es la aptitud del sujeto de ser titular de derechos y obligaciones, de
ejercitar los primeros y contraer y cumplir las segundas de forma personal y
comparecer en juicio por propio derecho.[2] La
capacidad se manifiesta como goce y ejercicio. La primera es la aptitud de una
persona para ser titular de derechos y obligaciones y, la segunda, es la
aptitud de una persona para ejercer derechos y cumplir obligaciones por propio
derecho.
Incapacidad,
Interdicción y juicio de interdicción: Incapacidad: es la ausencia de
capacidad: de goce o ejercicio; interdicción
es la situación en que se encuentran los mayores de edad que por razones
físicas o mentales carecen de aptitud para formar su voluntad jurídica. Por
tanto, el Juicio de interdicción es
el proceso judicial por el que se persigue esa restricción a la capacidad de
ejercicio a una persona, en tanto que es uno de los supuestos del artículo 450
y 450 del CCDF.[3]
El Juicio de interdicción
El Juicio de interdicción se lleva a cabo en
los Juzgados de primera instancia, su regulación se encuentra en las
disposiciones de Jurisdicción voluntaria del Código de Procedimientos
Civiles para el Distrito Federal (CCDF), pero cuando existe controversia
entre promoventes, el trámite se instituye en Juicio ordinario.
En el sistema jurídico mexicano, la Declaración de
interdicción pretende la protección de la persona y los bienes del mayor de
edad que ha caída en las causales establecidas en el artículo 450 frac II del
CCDF, designándole un curador o un tutor. En definitiva, la interdicción es una
medida que busca la protección jurídica de los incapacitados por estar
expuestos a la explotación y al despojo de sus bienes.
En general, la incapacidad de un mayor de edad se
determina por el procedimiento denominado Juicio de interdicción y la
resolución llamada Sentencia de interdicción. De acuerdo con el CCDF, la
vía puede ser de Jurisdicción voluntaria o, en caso contrario, por Juicio
ordinario. Finalmente, es el Juzgado de primera instancia quien establece si la
persona deja de existir para el derecho, es decir, si es INCAPAZ.
Controversia
del Juicio de interdicción
De acuerdo con la SCJN, el artículo 904 del CCDF,
resulta violatorio del derecho de audiencia, es decir, contraviene al artículo
14, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(CPEUM).[4]
El artículo 904 es violatorio porque permite que se tomen determinaciones que
restringen de manera absoluta la capacidad de ejercicio del incapaz. Es
evidente que no se establece la obligación de darle intervención desde el
inicio del procedimiento de interdicción para alegar y probar su lucidez. En
suma, la norma legal citada trastoca los derechos humanos de las personas con
discapacidad consagrados en el artículo 1º y 14 de la CPEUM.
Grosso modo, los
Códigos de procedimientos civiles del país, donde se señala el procedimiento de
los juicios de interdicción, no reconocen el derecho de las personas afectadas
a ser oídas en juicio.[5]
Ante estos dispositivos, las personas declaradas incapaces dejan de existir
para el derecho. No obstante, después de
la reforma constitucional de 20011, el desajuste entre el artículo 904 y 14 de
la CPEUM pasa a otro nivel de análisis, es decir, transita al control
constitucional difuso, es decir, a la necesidad de armonizar los estándares
nacionales con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) y otros tratados internacionales.
Desde el sistema jurídico mexicano actual, resulta
imperativo que los derechos humanos de las personas mayores con discapacidad,
sustentados en los artículos 1º, 3º y 24 de la CPEUM y los artículos 4º, 5º, 8º
y 12 de la Convención sobre derechos de las personas con discapacidad
(CDPD), se sobrepongan a los procedimientos de los Juicios de interdicción que
presuponen defender los derechos de los incapaces, pero que en los hechos los
vulneran. En síntesis, los Juicios de interdicción de las personas mayores con
discapacidad, vía ordinaria, deben desarrollarse bajo los preceptos y
principios de la CPEUM y la jurisprudencia nacional y la generada por la CIEDH,
así como la CDPD.
Conclusión
El procedimiento previsto para la interdicción
jurídica es violatorio de los derechos humanos de las personas con discapacidad,
porque se les niegan el derecho de audiencia, el derecho a no ser
discriminados, entre otros. Los Juzgados de primera instancia tienen la
obligación de garantizar el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas
con discapacidad. En fin, la interdicción en México es inconstitucional.
"Nuestra voz, no clama en el desierto,
clama en nuestro pueblo": TETELCINGO, Municipio Libre.
Oxon quiema, ma mochihua, ma motequepanu.
Ijquehuo queneque to tatzi, to nontzi.
No tata, tona...
"Ahora sí, que se haga, que pase como es nuestra costumbre,
así lo quieren nuestros dioses: nuestra madre, nuestro padre,
¡Oh! Mi Señor Sol...".
Paco Ibañez. Yo quiero que a mi me entierren… Consultado el 24 de mayo de 2023 de https://acortartu.link/wrlmt
Salvador Allende. Yo quiero que a mi me entierren… Consultado el 24 de mayo de 2023 de https://acortartu.link/gb0g7
[1] Cfr. Magallon Ibarra, Mario et. al. Compendio de términos de derecho civil, México Porrúa, 2004.
[2] Cfr. Dominguez Martínez, Jorge
Alfredo, Derecho civil, parte General, personas, cosas, negocios jurídico e
invalidez, 9ª ed., México, Porrúa 2003.
[3] Ibídem.
[4] SCJN.
Tesis, XXXI/2000,
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, t. XI, marzo de
2000. Pág. 93.
[5] José Luis Ramos. La SCJN y la interdicción… Consultado el 24 de mayo de 2023
de https://goo.su/yEHjfh
entrada de Ernesto Cera Tecla @ 16:08
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